Los palestinos denuncian "la peor medida racista" de la ocupación israelí

El dirigente palestino Nabil Sha'ath calificó hoy la orden para encarcelar o deportar a los residentes de Cisjordania que no tengan un permiso emitido por las autoridades de Israel de "la peor medida racista" adoptada por la ocupación israelí. | Ramala, (EFE)

"La medida permitirá, por ejemplo, que el mando militar israelí considere infiltrados a palestinos que vivan pero no hayan nacido en Cisjordania, a niños nacidos en Cisjordania de padres de Gaza y a mujeres de residentes en Cisjordania", denunció.

En declaraciones a EFE, Sha'ath anuncio que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) va a desplegar "una campaña ante la comunidad de naciones" para tratar de frenar en los foros internacionales la medida, revelada hoy por organizaciones humanitarias israelíes.

"Es el último y el peor paso de la política racista que practica Israel" desde la ocupación de los territorios palestinos en la Guerra de los Seis Días de 1967, afirmó Sha'ath, miembro del comité de la ANP encargado de las negociaciones con el Estado judío.

Sha'ath adelantó que entre los interlocutores que la ANP buscará para contrarrestar la medida israelí, figurarán "el mundo árabe y países europeos como Francia y también España, que es una nación amiga y que ahora ocupa la Presidencia de la Unión Europea (UE)".

Según las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunciantes, la nueva ordenanza militar israelí entrará en vigor el martes y su redacción es tan general que teóricamente permitirá las deportaciones masivas de habitantes de Cisjordania, donde viven cerca de tres millones de palestinos.

El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, también condenó la medida en un comunicado en el que afirma que "son ordenes militares que pertenecen a un Estado de apartheid" y que suponen "una afrenta a los principios más fundamentales de los derechos humanos".

Para Erekat, las ordenes "convierten a los palestinos en criminales en su propias casas y menoscaban los esfuerzos palestinos para gestionar sus asuntos internos", además de abrir la puerta a Israel para expulsar a cónyuges de palestinos que sean extranjeros, trabajadores extranjeros, israelíes y a aquellos que participen en manifestaciones por los derechos palestinos y contra la ocupación.

Erekat hizo asimismo un llamamiento a la comunidad internacional para que "intervenga y proteja los derechos de los palestinos".

Las ONG denunciantes, por su parte, han enviado un escrito al Ministerio israelí de Defensa en el que exhortan a retrasar la entrada en vigor de la ordenanza, al entender que convertirá a todos los residentes de Cisjordania en potenciales delincuentes que pueden ser encarcelados hasta siete años o deportados de este territorio.

"Las órdenes cambian la definición de infiltrados, y de hecho, son aplicables a todo el que se encuentre en Cisjordania y no tenga un permiso israelí, aunque no definen qué considera Israel como permiso válido", declaran las ONG denunciantes en la misiva.

Recuerdan que, a la gran mayoría de los habitantes de Cisjordania, nunca se les ha requerido ningún tipo de permiso para residir allí.

También denuncian que la política será empleada inicialmente con los palestinos que se encuentran en Cisjordania y que Israel quiere transferir a la franja de Gaza, pese al hecho de que muchos de ellos nacieron en Cisjordania o se asentaron allí de forma legal.

La medida asimismo podría afectar a decenas de miles de personas extranjeras casadas con ciudadanos cisjordanos. EFE