Hoy, 22 de septiembre de 2009, Adalah publicó un informe que expone las formas en las que los agentes del orden público respondieron a la ola de protestas por parte de ciudadanos árabes palestinos de Israel oponiéndose a los ataques militares de Israel sobre la Franja de Gaza desde el 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009. El informe revela cómo la policía, los fiscales, el Servicio General de Seguridad (SGS o el “Shabak”), los tribunales y hasta algunas instituciones académicas actuaron para utilizar el arresto y el encarcelamiento como rápidas y fáciles herramientas para reprimir las protestas de los que se oponían a la agresión militar, aplastando los derechos de ciudadanos árabes y de algunos ciudadanos judíos de expresar su desacuerdo. El nuevo informe se titula “Protesta Prohibida: Cómo las Autoridades del Orden Público Limitaron la Libertad de Expresión de Oponentes a los Ataques Militares a Gaza”.La información reunida por los autores del informe, los abogados de Adalah Abeer Baker y Rana Asali, indica que: 832 personas fueron detenidas por la policía durante los ataques militares; el 34% de los detenidos eran menores de 18 años. El 80% del total de esos arrestados permanecieron detenidos hasta el término de los procesos judiciales en su contra, un 54% de los cuales eran menores. Todos aquellos arrestados en el Distrito Norte de Israel fueron detenidos hasta el final de los procesos judiciales; el 94% de los arrestados en el distrito de Jerusalén fueron detenidos hasta el final de los procesos judiciales, mientras que ninguna persona de Tel Aviv fue retenida. Los ciudadanos palestinos de Israel y palestinos con residencia permanente viven sobre todo en el Distrito Norte y en Jerusalén, respectivamente, mientras que Tel Aviv es de forma abrumadora el hogar de los judíos del estado.
Los resultados indican que las autoridades del orden público adoptaron una política de “no tolerancia” ante los manifestantes en contra de los ataques militares en casi todo emplazamiento en donde se llevaron a cabo protestas, aún en lugares en los que no se presenció violencia. Esta política se expresó a través de la dispersión de las manifestaciones, la violencia policíaca contra los manifestantes, y los arrestos sistemáticos y el encarcelamiento de los manifestantes.
A pesar de la legalidad de las manifestaciones, la policía ilegalmente impidió e interfirió en ellas. Emprendieron una campaña de arrestos masivos que afectaron a muchos, incluso a aquellos que no hicieron otra cosa más que estar presentes en la protesta. La policía actuó en contra de las protestas como si se tratara de infracciones a la paz y a la ley y el orden. La única justificación para estas medidas fue la presencia de algunos manifestantes que respaldaban los ataques de Israel en Gaza alrededor de los manifestantes que se oponían a ellos.
Las acusaciones judiciales y la policía transformaron cada manifestación en una amenaza para la seguridad del estado. Por consiguiente, cada una de las resoluciones del tribunal que ordenaban la liberación de un detenido fue apelada por la fiscalía del Estado y todas las apelaciones fueron concedidas. En algunos casos, la policía exageraba las circunstancias del arresto y de la protesta para justificar la detención continuada y la expulsión del manifestante de su entorno. La mayoría de las acusaciones emitidas enumeraban cargos referentes a participación en reuniones prohibidas, motines, disturbios y agresiones a un oficial de la policía. Un número muy pequeño de acusaciones hacían referencia a que representaban una amenaza para la vida de otras personas.
Los tribunales participaron indirectamente en la represión de las protestas. Desde las resoluciones del tribunal citadas en el informe, claramente se revela cómo los tribunales hicieron a un lado los principios de interrogación minuciosa e individualizada que distingue la ley criminal de otra ley, prefiriendo detener a los manifestantes de manera radical e indiscriminada. Los tribunales afirmaron en sus resoluciones que la ofensa “es una infracción que surge de un momento determinado” y que “los tiempos no han cambiado aún” (por ejemplo, la ofensa mencionada es específica del periodo de guerra, que es un momento extraordinario). Las resoluciones del tribunal no mencionan la razón del enfado de los manifestantes: “Los cientos de muertos, los heridos, la destrucción, la tragedia y el daño que el ejército israelí llevó a los residentes de Gaza no se mencionan en ninguna parte en ninguna resolución de prisión preventiva. Los detenidos fueron presentados como quebrantadores de la ley y criminales que deberían ser tratados duramente debido a “la situación”, desligándola del clima político de su protesta”.
Por ejemplo, en el Tribunal de Asuntos Menores de Nazaret, el informe cita dos resoluciones idénticas copiadas una de la otra, aunque se refieren a cuatro detenidos distintos, quienes fueron defendidos por cuatro abogados diferentes. Es más, violando todas las leyes domésticas e internacionales, y con el respaldo del Tribunal Supremo, las autoridades trataron a los menores de igual forma que a los adultos, sin ninguna distinción entre ellos. Se emitieron instrucciones específicas para tratar a los manifestantes y a los detenidos, sin embargo, el informe indica que la policía se negó a revelar estas órdenes. Se siguieron pautas similares durante los eventos de “octubre del 2000”, en los que la parte acusadora destinó recursos y esfuerzos considerables para restringir a los detenidos, mientras que se suspendía la investigación de los asesinatos de trece manifestantes árabes desarmados y del responsable de su muerte.
Adalah enfatiza que los métodos de represión de la ola de protestas durante los ataques militares a Gaza, tal como se reflejó en la conducta de la policía, los fiscales, el SGS y los tribunales, es semejante a la que tuvo la autoridad del orden público durante los eventos de octubre del 2000. Sin embargo, en octubre del 2000, 13 personas fueron asesinadas por la policía, mientras que en las recientes manifestaciones, esto no sucedió.
El “Shabak” fue también cómplice en el silenciamiento de los manifestantes. El “Shabak” citó a docenas de activistas políticos para la investigación. Estos activistas informaron a Adalah que el SGS hizo preguntas políticas y les amenazó con interponerles una acusación así como con atribuirles alguno de los crímenes cometidos en las manifestaciones, aunque ellos no lo hubieran cometido personalmente. El fiscal general apoyó la participación del “Shabak”, el enfoque del interrogatorio y las amenazas empleadas, afirmando que fueron hechas con la finalidad de apaciguar los ánimos.
La academia en Israel, como se evidencia en el informe, no se opuso a la campaña de detención; por el contrario, se involucró también en el acoso a los manifestantes. Instituciones académicas, tales como la Universidad de Haifa, acentuaron el orgullo nacional evocado por los ataques militares, repartiendo señales de apoyo en sus edificios y a través de anuncios pagados en los periódicos. Al mismo tiempo, la universidad no dudó en organizar la entrada de docenas de oficiales de la policía, la infantería y la caballería, al campus de la universidad con el fin de dispersar violentamente a los estudiantes árabes manifestantes, quienes exigían detener las clases por varias horas como protesta en contra de los ataques militares. Es más, la universidad no ha condenado la excesiva violencia y las detenciones sin sentido de los estudiantes.
Sobre todo, el informe muestra que todas las autoridades legales se unieron y aplicaron el concepto de “ni tolerancia, ni indulgencia”. Personas sin historial criminal se encontraron encarceladas durante prolongados periodos a causa de haber manifestado su protesta en contra de unos ataques militares brutales y opresivos.
La comisión de investigación de la ONU en el Conflicto de Gaza (“El Comité Goldstone”), que investigó las infracciones a la ley criminal de derechos humanos y humanitarios en la Franja de Gaza durante la agresión militar y publicó su informe el 15 de septiembre de 2009, cita ampliamente los datos del informe de Adalah. El informe de la ONU dedicó un capítulo completo a la represión de las protestas por parte de Israel.
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Traducido al castellano por IEPALA para el Centro de Información Alternaiva (AIC).
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