RAMALAH, jul (IPS) – Mientras los palestinos sufren las consecuencias de la política israelí de expansión de asentamientos en Cisjordania, se suman voces críticas del exterior. A los reclamos de Estados Unidos se adhirieron este mes los de la Unión Europea (UE). La preocupación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sobre una “declaración inusualmente dura” de la Comisión Europea contra las colonias es parte de una creciente tensión entre el Estado judío y el bloque.
La Comisión Europea, rama ejecutiva de la UE, sostuvo que la política de asentamientos en Cisjordania estrangula la economía palestina y fuerza a los habitantes de ese territorio a depender más de la asistencia extranjera.
“Quienes pagan la mayor parte del precio de esta dependencia son los contribuyentes europeos”, afirmó la declaración, emitida el 6 de este mes.
Según la Comisión, la expropiación de tierras palestinas fértiles para los asentamientos judíos, las carreteras que llegan a ellas y que solamente pueden transitar los colonos, y los cientos de puestos de control cisjordanos manejados por efectivos del ejército israelí han atrofiado el crecimiento económico palestino.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la Organización de las Naciones Unidas señaló que anualmente se gastan 509 millones de dólares en mantener las rutas que utilizan los colonos, así como los puestos de control.
Esas carreteras buscan facilitar y agilizar el acceso de los colonos al propio territorio israelí, mientras que los puestos de control tienen por objetivo velar por su seguridad.
En un informe que dio a conocer en junio, la OCAH señaló que casi 30 por ciento de Cisjordania, que bajo el derecho internacional pertenece a los palestinos, ha sido expropiada por los israelíes como zona militar cerrada y para reservas naturales. Hay más de 100 asentamientos ilegales en Jerusalén oriental y Cisjordania, donde viven unos 500.000 colonos.
Cisjordania está dividida en el área A, bajo control palestino, el área B, bajo control militar israelí y civil palestino, y el área C, bajo administración israelí.
Los palestinos pagan un alto precio por perder tierra, mientras enfrentan dificultades para viajar y acceder a sus predios agrícolas. Habitualmente, las autoridades israelíes les niegan permisos de construcción para las áreas B y C.
Por lo tanto, construyen sin los permisos necesarios, enfrentando la posibilidad de ser desalojados y de que las fuerzas israelíes demuelan sus casas. Tampoco les resulta fácil conseguir autorizaciones para conectarse a las redes de electricidad y agua.
La OCAH señala que durante los últimos meses se intensificaron las restricciones en áreas del valle del Jordán y aledañas, así como en las zonas de Belén y Hebrón.
Las comunidades ganaderas y agrícolas que residen en las autodeclaradas zonas militares en estas regiones lidian con dificultades particulares, ahora con sus casas y medios de sustento amenazados. Muchas perdieron tierra de pastoreo para dar lugar a la ampliación de los asentamientos israelíes y a su seguridad. Ahora se enfrentan a los desalojos.
Solamente en mayo, alrededor de 300 palestinos, entre ellos 170 niños y niñas, recibieron órdenes de evacuación y demolición del ejército israelí..
Osama Jarrer, vicedirector del Ministerio de Agricultura de la Autoridad Nacional Palestina en la gobernación de Hebrón –sur de Cisjordania–, dijo que muchos agricultores de allí fueron obligados a reducir sus rebaños.
“Como cientos de cultivadores están en la misma posición, hay un exceso de animales, así que los venden a menor precio. Pero incluso cuando los venden para salir del negocio, más de la mitad no puede pagar sus deudas de forraje acumuladas”, dijo Jarrer a IPS.
La situación de 3.000 agricultores de Hebrón y sus 30.000 dependientes se ha agravado por el aumento de los precios internacionales del forraje y por la escasez hídrica.
Ésta última se debe a la desigual distribución del agua entre los palestinos y los colonos israelíes, y a una sequía que durante varios años se apoderó de esta parte de Medio Oriente.
Mientras los palestinos experimentan las consecuencias prácticas de la política israelí de asentamientos en Cisjordania, Israel y Estados Unidos continúan discutiendo en torno a complejidades teóricas en capitales extranjeras.
La semana pasada, el ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, se reunió en Londres con el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, George Mitchell. Ésa fue la última de una ronda de reuniones en torno a los disputados asentamientos.
Con bombos y platillos, y una amplia sonrisa, Barak anunció a los medios de comunicación que en el futuro cercano Israel desmantelaría 23 puestos de avanzada en Cisjordania. Estos consisten en una pequeña cantidad de casas rodantes, a menudo con conexiones de agua y electricidad. Son ilegales bajo el derecho israelí.
Pero Barak no mencionó los asentamientos de Cisjordania. Estos varían. Pueden albergar a varios cientos de residentes o ser pequeñas ciudades con decenas de miles de colonos y toda la infraestructura asociada. Son ilegales bajo el derecho internacional.
Uno de los pequeños puestos cuya evacuación se prevé es el de Migron, cerca de la central ciudad cisjordana de Ramalah, luego de que el movimiento israelí Paz Ahora elevó una petición a la Suprema Corte de Justicia del Estado judío.
Sin embargo, el Estado pidió una postergación de un año para esa evacuación.
Las 50 familias a ser evacuadas se mudarán a nuevas casas que se están construyendo en el cercano asentamiento de Adam.
Además, según documentos presentados ante la Corte, aparte de requerir permisos de construcción para 50 nuevas unidades habitacionales en Adam, el mes pasado Barak también aprobó un detallado plan para edificar 200 viviendas iniciales. Éstas serán parte del proyecto general de construcción de otras 1.450 unidades en ese asentamiento.
Migron fue construido en 2002, de modo ilegal, en tierra palestina privada. En una petición de 2006, un tribunal israelí reconoció que era de propiedad palestina y que el puesto era ilegal.
Pero, en teoría, recién será evacuado en 2010, y las posibilidades de que los colonos se vayan voluntariamente son casi nulas.
Paz Ahora dijo que el gobierno israelí está construyendo otras 73.300 viviendas ilegales en Cisjordania.
La actitud de Barak en relación al pequeño puesto de Migron parece ser un mal presagio para la futura evacuación de los asentamientos israelíes más grandes, y representa una enorme desigualdad entre la diplomacia israelí y la realidad en el terreno.
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